El Ayuntamiento tendrá que hacer frente al pago de más de 300.000 euros, por una obra del año 1999

La falta de fiabilidad de un gobierno a otro llevó al Ayuntamiento a ser condenado judicialmente

Las obras realizadas en Peña el gato y Castillo Real provocan un duro enfrentamiento entre Urbanismo y Alma

* L.C.

Al final es el ciudadano, a través de sus impuestos, el que termina pagando los errores que comete la administración. Esta podía ser el final de la polémica obra realizada en Peña el Gato y Castillo Real, proveniente del año 1999 y cuyas liquidaciones no se han ido afrontando a lo largo de los años siguientes, por muchas y variadas razones. Lo cierto es que ahora, el Ayuntamiento, tendrá que hacer frente al pago, por vía judicial, de 328.858 euros, como liquidación de las obras de ejecución de este proyecto, a la empresa Urbajar, en el que se construyeron redes de abastecimiento de agua, pavimentación, cambio de tuberías, alumbrado público, enterramiento de redes de media y baja tensión y telefonía.

A pesar que desde la alcaldía se pidió a todos los grupos un ejercicio de responsabilidad, como el que iba a realizar el propio equipo de gobierno, aunque alguno de los grupos que lo componen tuvieron una posición crítica en su momento, la postura de Alma fue la de abstenerse, ya que como señaló María Teresa Monroy dirigiéndose al alcalde, ya que “tiene mayoría, a usted le ha tocado esta patata caliente”, esta postura obligó al responsable de Urbanismo a intervenir y detallar toda la historia de la obra, ya que el PP reconoció que había dado mucha guerra pero que habían apostado por ella.

Facturas no pagadas
El responsable de Urbanismo dijo estar sorprendido por la abstención de Alma, ya que su portavoz había sido concejala des el año en el que se adjudicaron las obras y posteriormente alcaldesa, por lo que acusó a Monroy de contarles todo a sus compañeros de grupo, por lo que Luján se comprometió a contar todo lo acaecido, afirmando que este conflicto comenzó en mayo de 2004, cuando la empresa presentó la certificación número 29, cuya factura fue aprobada por el gobierno que presidía Monroy en el mes de octubre y remitida a la Comunidad de Madrid para su abono, quien ingresó su parte en el mes de diciembre. Sin embargo la factura no fue abonada, igual que otra correspondiente a la certificación 30, lo que llevó a la empresa a acudir a la vía judicial, cuya sentencia les acaba de dar la razón, y aún hay otra pendiente que casi con toda seguridad también va a perder el Ayuntamiento, tal como aseguraron desde el gobierno.

Juan Manuel Luján señaló que ellos se habían encontrado con tres procedimientos judiciales y que en estos momentos se encontraban negociando con la empresa para llegar a un acuerdo, ya que estaban seguros que la iban a perder. Igualmente dejó sobre la mesa que a su entender había existido una especie de vendetta contra el ahora concejal del Gobierno, José Jordán, en aquel momento expulsado del PP.

La portavoz de Alma realizó un amplio repaso al acta de aquel pleno y justificó el que no se pagara en un informe del arquitecto municipal en el que se señalaba que no estaban bien hechas las mediciones, además de que los servicios técnicos municipales señalaron que no se pagaran estas certificaciones, “ya que lo querían todo o nada”.

Falta de fiabilidad
“Estamos salvados por una sentencia de tener que levantar la mano”. Así de explícito fue el concejal del PP, Damián Guijarro, uno de los cargos de anteriores gobierno por los que paso la obra. Guijarro achacó todo lo ocurrido a la falta de fiabilidad de un gobierno a otro. Esta obra pasó, según reconoció, por tres alcaldes y tres concejales diferentes, entre los que él se llegó a encontrar, recibiendo una herencia de la que no se fiaban, ya que el “el riesgo que se corría por pagar las certificaciones, era que al día siguiente se fuera a la fiscalía”.

Lo cierto es que la falta de confianza y de fiabilidad de un gobierno a otro a llevado al Ayuntamiento y al nuevo gobierno, y en definitiva a los ciudadanos, a tener que afrontar una importante deuda por la vía judicial de 320.858 euros, en la que, además de la factura no abonadas de 129.690 euros, se incluyen costas e intereses, quedando pendiente nuevas vistas judiciales, que de no llegar a un acuerdo con la empresas, podrían hacer mucho más onerosa la deuda municipal. Por otro lado, al haber sido cobrada en su momento la aportación correspondiente a la Comunidad de Madrid, por estar la obra incluida en el Plan Cuatrienal de aquel año, destinándose el dinero a otras cuestiones municipales, ha obligado al Ayuntamiento a solicitar un crédito para hacer frente a la deuda.

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