LA NUEVA GUIA YA ADELANTÓ EN DICIEMBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ANULARA ALGUNOS ASPECTOS DEL PLAN PARCIAL

El Contencioso Administrativo anula el convenio
urbanístico entre el Ayuntamiento y FCC

EL AYUNTAMIENTO RECURRE UNA SENTENCIA QUE PUEDE FAVORECER LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS Y PERJUDICAR A LA CONSTRUCTORA

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 15 de Madrid, ha dado un fuerte revés al equipo de gobierno del PP, con Folgado a la cabeza, al poner freno a la relación urbanística del ente municipal con la empresa FCC, al anular el convenio urbanístico que ambas partes mantenían para el desarrollo del Nuevo Tres Cantos y que preveían la construcción de cerca de 8.000 viviendas y donde ya se venía trabajando desde hace año y medio.

A pesar de dictarse una sentencia que perjudica considerablemente los intereses de FCC y beneficia al Ayuntamiento, el alcalde tricantino no ha perdido ni un segunda en ordenar al gabinete jurídico la interposición de un recurso, al considerar que se trata de un defecto de forma.

El urbanismo local, dirigido siempre desde las filas del PP, ha estado rodeado de presuntos casos de corrupción que han sido denunciados por la oposición y que en la actualidad se encuentra siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción a la espera de que se dicte sentencia.

Esta denuncia fue presentada por el grupo municipal socialista después de que en el año 2005, el gobierno de coalición PP-TCU diese vía libre a este convenio con FCC, basándose en una serie de hechos, donde las decisiones del anterior gobierno como las del actual, en esta materia, favorecía claramente a esta constructora.

Falta de transparencia
La Comunidad de Madrid dio el visto bueno al Plan General en mayo de 2003, algo más de un año después, fue cuando en el un pleno extraordinario se aprobó el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, así como el de Técnicas, con las que se debía regir el concurso público para elegir al adjudicatario. Finalmente, en enero de 2005, es cuando el gobierno acude a un procedimiento negociado sin publicidad, hecho a medida de FCC, para adjudicarle la gestión urbanística, que se realiza sietes días después en un nuevo pleno.

La sentencia señala claramente el incumplimiento de los “deberes legales de cesión por su sustitución por el pago de cantidad en metálico”, estimando que esta valoración debía haber sido realizada por los servicios municipales que realicen esta función, hecho que no se ha cumplido, a pesar de que se recoge claramente en la Cláusula 3ª del convenio, incluso de manera reiterada, como señala la sentencia, donde los aprovechamientos a favor del Ayuntamiento deben materializarse con la entrega de parcelas o mediante su monetarización, debiendo cuantificarse por los Servicios Técnicos Municipales.

Desestimación
Por el contrario, el juez desestima el voto del exconcejal de TCU, Alberto Martínez, con intereses urbanísticos en el plan, cuando votó la aprobación de este convenio urbanístico, al no ser decisivo su voto, ya que la oposición contaba en ese pleno con la ausencia de un concejal del PSOE, por lo que su voto no incidía en la aprobación definitiva.

A pesar del recurso presentado por el gobierno municipal, esta decisión judicial abre la espita de los que puede ocurrir con el urbanismo local, cuando salgan a la luz las investigaciones que se están realizando, además de dar la razón a la oposición en las denuncias que de manera reiterativa han venido realizando pleno tras pleno, sobre los intereses que ligan al equipo de gobierno con FCC, ya que todas las decisiones que han venido tomando con su mayoría absoluta han beneficiado claramente los intereses de esta constructora en contra de los intereses de los ciudadanos y del propio municipio.

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