El urbanismo local siempre estuvo en manos de los populares, siendo Folgado presidente de la Gestora del PP
De la Poza, Alberto Martínez y Juan Carlos Delgado imputados por las Fiscalía Anticorrupción
* N.G.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha visto indicios de delito en el urbanismo local de Tres Cantos. Así se deduce de la denuncia formulada contra doce personas y siete empresas, entre las que se encuentran la ex-alcaldesa, María de la Poza, el ex-concejal de Obras, Alberto Martínez, el que fuera jefe del gabinete de alcaldía y mano derecha de De la Poza, Juan Carlos Delgado y el ex-secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, así como otras ocho personas y siete sociedades. Contratos ellos, la Fiscalía ve indicios de delitos continuados de “cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales”.
 Los hechos se basan en la denuncia presentada por los socialistas en 2006, sobre irregularidades en el proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y posterior Plan Parcial. Todo el proceso desarrollado en torno al urbanismo local, puesto en manos de FCC, ha sido el detonante de esta investigación, donde el voto de Alberto Martínez, con intereses en el plan, fue determinante para que fuera gestionado por manos privadas, voto avalado por el entonces secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz. Al exjefe de gabinete de alcaldía, Juan Carlos Delgado, también se le imputan importantes cobros a través de empresas de su propiedad, como Asesoría de Proyectos de Gestión, además de haber realizado desembolsos muy superiores a sus ingresos entre los años 2005 y 2007.
Durante esos años, PP y TCU gobernaban en coalición e iban de la mano en las decisiones que adoptaban, ya que el urbanismo local siempre estuvo dirigido desde las filas populares, votando ambas formaciones conjuntamente, lo que hace pensar presumiblemente, que tanto la responsable del área, Carmen Camón como el resto de concejales del PP, tuvieran conocimiento de todo lo que allí se desarrollaba. Coincidiendo con este gobierno bipartito, la gestora del PP también estaba presidida por el actual alcalde, José Folgado, por lo que, como se ha denunciado en más de una ocasión desde la oposición, se ha de entender que debía tener conocimiento de todas las decisiones que se adoptaban en seno del partido que presidía.
Esta decisión de la Fiscalía Anticorrupción, junto a la sentencia que anula el convenio urbanístico con FCC, significa un nuevo revés para los intereses urbanísticos que defiende el equipo de gobierno y que podría traer más consecuencias graves de cara al futuro.
Imputados por Anticorrupción son defendidos por abogados que asesoran a Folgado
El alcalde decide que el Ayuntamiento no se persone como afectado de las presuntas irregularidades urbanísticas
* N.G.
Los presuntos intereses que han rodeado y continúan rodeando al urbanismo local y por los que la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a cargos del anterior gobierno PP-TCU y a sociedades mercantiles, parecen confluir en un eje común a juzgar por las maniobras sospechosas que siguen ligadas a todo los relacionado con la gestión del urbanismo local que el Ayuntamiento mantiene con FCC.
No ha pasado desapercibido para muchos vecinos y en especial para los grupos de la oposición, como así ha denunciado el PSOE, que el despacho de abogados que de manera habitual asesora al alcalde tricantino, José Folgado, sea el que se ha encargado de la defensa de algunos de los imputados por Anticorrupción, como es el caso del bufete Oliva Cons, contratado en varios casos por el equipo de gobierno para asesorar al Ayuntamiento, a cambio de grandes minutas, que serán los encargados de defender a De la Poza.
Igualmente resulta curioso que Folgado, como cabeza visible del Ayuntamiento, haya decidido que el ente municipal no se persone en este caso como afectado por las presuntas irregularidades, algo que resultaría lógico si se defiende el urbanismo municipal. Estas maniobras del alcalde desconciertan mucho más, cuando ya ha anunciado, de manera oficiosa, que ha presentado el recurso judicial contra la anulación del convenio con FCC, cuando la sentencia dictada favorece los intereses del Ayuntamiento.
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