Los jóvenes se sienten el sector más desprotegido

El alquiler de las viviendas del Plan Joven se incrementa con la aplicación del 16% de IVA

Las promotoras penalizan a los que abandonen la vivienda antes de los 7 años, con dos meses de alquiler por año

* L.C.
Todo parece indicar que las viviendas del Plan Joven de la Comunidad de Madrid, en régimen de alquiler y con opción a compra a los siete años, no es el “chollo” que se presuponía o no ofrece las posibilidades que inicialmente se prometieron. Ante esta situación, los adjudicatarios han acordado hacer una asociación para luchas contras las imposiciones que les obligan a firmar las promotoras privadas que han construido estas viviendas y que resultan terriblemente abusivas en el concepto general de los años de alquiler. Por esta razón, muchos de los afectados se personaron en el último pleno para aclarar la situación, junto a una propuesta que presentó IU en este sentido.

Aplicando el precio estipulado del módulo de 1.012 euros por metro cuadrado construido, efectivamente, el alquiler de estas viviendas rondan los 440 euros, pero lo que no contaban los jóvenes era con que se les aplica un IVA del 16%, incluso por encima de lo estipulado en este tipo de viviendas, lo que significa añadir a la cuota de alquiler 70 euros más, que junto al IBI, que deberán pagar el 50% y a otra serie de gastos, hace que el alquiler de estas viviendas les suponga cantidades excesivamente altas para sus bolsillos.

La falta de información por parte de las promotoras y de la propia oficina de la Comunidad de Madrid, fue una de las denuncias que estos jóvenes plantearon al alcalde, acusando al Ayuntamiento de ser el primer responsable de esta situación por no haber tenido ningún control sobre los contratos de estas viviendas. IU en su moción también solicitaba que se redujera o se quitara el tratamiento fiscal de estas viviendas, ya que resultaba muy gravoso, mientras el alcalde informaba de la compensación que la Comunidad de Madrid hace de 840 euros en la declaración de la renta.

Contrato oscuro
Los jóvenes personados en el salón de plenos aseguraron ser de todas las condiciones políticas, aunque una portavoz de las que hablaron llegó a llamar “nuestro compañeros” a los concejales del PSOE, mientras que otra afirmó ser votantes del PP. Pero al margen de la ideología, es que todos ellos padecen los mismos problemas, provenientes en su mayor parte de las promotoras, sin que la Comunidad de Madrid las haya frenado en sus pretensiones.

Este es caso de Bigeco que obliga a los propietarios de algunos pisos a coger dos plazas de garaje, algo que es ilegal y así lo denunciaron. Pero lo que también resulta lamentable es como actúan con los contratos. Cuando la Ley exige que estos se deben ser vistos y pactados por las dos partes, estas promotoras se los dan en el mismo acto que les convocan, sin la posibilidad de que puedan ser leídos, lo que ha sido calificado como una práctica de “abuso y coacción”. Igualmente denunciaron que esta empresa, con sede en Parla, les haya hechos desplazarse a ese municipio en dos ocasiones y al menos le quedaban otras dos, para luego exigirles que deberán presentar un aval bancario.

Penalización sorprendente
Algún joven manifestó a este periódico que estas viviendas no son de protección, ya que las propias promotoras lo han planificado como un negocio muy rentable. Y no les falta razón a juzgar por otra de las condiciones con que les imponen, obligando a los jóvenes a mantener el alquiler durante los siete años, aunque las condiciones laborales o de la propia vida cambien en este tiempo.
Estas empresas han incluido unas cláusulas de penalización de dos meses de alquiler por cada año que abandonen con anterioridad a los siete, estas viviendas, todo ello sin contar con la evolución que estos jóvenes puedan desarrollar a los largo de los años de alquiler, una penalización que favorece claramente a la empresa, cuando la vivienda iba a ser ocupada inmediatamente, ya que existe una lista de espera.

Portavoz
Los adjudicatarios de estas viviendas solicitaron al alcalde que el Ayuntamiento le echara una mano antes esta situación de abuso, solicitando al máximo mandatario que fuera él mismo el portavoz, ya que siempre eran el sector de la población más desprotegido y así se prodría frenar lo que calificaron de “libertinaje” de las promotoras., así como la falta de información que reciben de la oficina de la Comunidad de Madrid para estas viviendas, que en ocasiones es contradictoria cuando llama más de una persona. De Federico, aunque afirmó que una vez cedida la parcela, el Ayuntamiento se desvinculaba y pasaba a depender de una oficina especial, se comprometió con los jóvenes a defender sus intereses y a cederles espacios municipales para que se pudieran reunir.

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