EDITORIAL

La desaceleración de las viviendas del Plan Joven

No es de extrañar que los jóvenes de la Comunidad de Madrid hayan decidido empuñar el arma de la protesta ante las injusticias a las que están siendo sometidos por parte de la administración y de algunas entidades que pretenden hacer dinero a su costa. Las viviendas del Plan Joven de la Comunidad de Madrid, que se prometieron como una solución para que este sector de la población lograra independizarse a precios ajustados a sus bolsillos, la realidad está demostrando que dista mucho de aquellas promesas que un día se lanzaron a los cuatro vientos, bien para arrastrar posibles votos o para convencer a la población de que se creía fervientemente en un derecho constitucional, sin embargo, estos jóvenes han topado de repente con las administraciones públicas y algunas constructoras sin escrúpulos, a las que se les permite hacer un gran negocio de este derecho.

En Tres Cantos es la administración local la que está poniendo numerosas trabas a las promesas preelectorales que un día se hicieron: Parcelas que no reúnen la edificabilidad necesaria y que resultan ser las peores del nuevo sector, tras modificar un uso que no era residencial. Todo está aún en el aire, tanto los metros cuadrados, como el precio, como el comienzo de una construcción que se va dilatando, todo ello amparado por el silencio del concejal responsable y del alcalde. Ante esta situación, no es de extrañar que los jóvenes salgan a la calle y griten consignas contra aquellos que consideran son los culpables de la actual situación, a pesar de que pongan a vigilarles a sus policía, alguno con un autoritarismo fuera de la órbita actual, aunque los justifique con un cumplimiento de órdenes, que evidentemente, deben venir del concejal pertinente, que no es la primera ocasión que ordena contravenir la norma estipulada. Si a todo esto añadimos la presencia de un grupo de “niñatos”, de extrema derecha, dispuestos a reventar la protesta, como ocurrió en la última manifestación, es entonces cuando el derecho de estos jóvenes se ve cerciorado en todos sus derechos.

La situación en Colmenar Viejo es diferente. Aquí no es la administración local la culpable, sino las propias promotoras de estas viviendas, amparadas por la administración regional, las que están incumpliendo todo lo que se puso sobre la mesa, por lo que no es de extrañar que los jóvenes hayan solicitado amparo a los representantes municipales y que el alcalde actúe como portavoz de ellos, ante instancias mayores. Si los preceptos de metros y precios se cumplen, es cierto que existen otros aspectos que pueden hacer que el alquiler se dispare ostensiblemente y se encuentre lejos de los bolsillos de este sector. Si a todo ello se le añade que estas promotoras imponen en “sus” contratos penalizaciones económicas para obligar a los adjudicatarios a permanecer durante siete años en estas viviendas, aunque su situación personal o económica varíe en uno u otro sentido, mientras la administración regional les da largas y mensajes contradictorios, tampoco es resulta raro que decidan aunar fuerzas y luchar por sus derechos, al sentirse totalmente desprotegidos.

Servicios al alcance de todos
Acercar los máximos servicios a los ciudadanos para que estos no tengan que desplazarse y perder tiempo en viajes y largas colas, debe ser uno de los objetivos de la administración pública y de cualquier formación política que defienda los derechos de sus propios vecinos. Es fácil comprobar las “peleas” que surgen entre algunos de estos municipios, sean del color que sean políticamente, por lograr implantar en su territorio todo tipo de servicios juzgados, hacienda, registro, DNI, etc.), porque con su puesta en marcha cualifica aún más la labor y la importancia que tiene de cara al exterior.

Manzanares acaba de aprobar que se establezca en el Ayuntamiento el registro de parejas de hecho, en la misma sintonía que lo tiene Madrid, con lo que evitará que aquellas parejas que decidan hacer uso del mismo, no tengan que perder el tiempo en desplazamientos. Pero todavía existen políticos que prefieren que estos servicios se sigan dispensando donde siempre, lo que haría mucho más difícil que aquellas personas que quisieran hacer uso de los mismos sacaran, en ocasiones, tiempo de donde no lo tienen. La realidad actual va mucho más lejos, si se tiene en cuenta que la administración está para servir al ciudadano en todo aquello que pueda ser factible, a través de los impuestos que estos depositan en las arcas públicas, que son los que verdaderamente van a pagar cualquier mejora que se implante.

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