Septiembre es el mes que marca la vuelta del periodo estival y de las vacaciones veraniegas. Un regreso sobre la que se ha escrito y se han dicho muchas cuestiones que inciden en la propia persona, que tras el periodo de vacaciones se tiene que incorporar de nuevo a la rutina del día a día. Pero sin duda alguna, lo que si marca este regreso de los días de descanso, es la economía familiar. Tras el desembolso que supone los días vacacionales, las familias se encuentran otra vez, con una serie de frentes a los que tienen que enfrentarse.

Las economías familiares atraviesan por situaciones nada boyantes y septiembre marca de nuevo la vuelta al colegio de los hijos y todo lo que este regreso conlleva. Los gastos en material escolar se disparan y con ello, surgen las primeras incógnitas para el ciudadano que se rige por una Constitución con normas de obligado cumplimiento.

La Carta Magna habla de “educación obligatoria y gratuita” para todos, pero esto no deja de ser una entelequia que todos los gobierno, sean del color que sean, apartan y hacen caso omiso a este artículo. La realidad va mucho más lejos y lo cierto es que las familias deben desembolsar cientos de euros para equipar a sus hijos con todo el material que exigen los centros escolares. Libros (nunca sirven los de cursos anteriores), mochila, ropa, material de escritorio, etc. Todo un cúmulo de gastos originados por una sociedad interesada en que el consumo de dispare, aunque sea para una cuestión obligatoria y de primera necesidad.

¿Qué ocurre con la Constitución Española? ¿Por qué nuestros gobernantes no la cumplen, mientras que a los ciudadanos se nos obliga a respetar todos sus artículos? Estas son algunas de las preguntas que se plantean la mayoría de los ciudadanos que no entienden como tiene que salir tanto dinero de sus bolsillo para que sus hijos sean escolarizados, cuando es una obligación estatal. Pero lo cierto es que nuestros gobernantes se pasan la Carta Magna por el forro de sus escaños, sin que tengan que responder ante nadie, solamente cada cuatro años ante los ciudadanos y luego si te he visto no me acuerdo.

Educación, vivienda, trabajo, sueldo digno… Son muchas las normas de nuestra Constitución que los partidos se saltan a la torera, mientras que cualquier ciudadano de a pie que incumpliera cualquiera de ella sería penado con todas sus consecuencias. ¿por qué esta distinción entre ciudadanos privilegiados y otros perjudicados? Quizá algún jurista tenga una explicación, porque lo que es la población, navega en la incertidumbre.

La vuelta al colegio no solamente supone un gasto que no debería repercutir en las familias, también supone la elección del centro más adecuado. En este sentido, la discriminación también es importante. Los defensores de la educación pública dicen que quien desee que su hijo vaya a un centro privado que lo pague de su bolsillo y no del erario público. Y no les falta razón, ya que en muchos sitios, mientras los centros públicos se encuentran totalmente abandonados, sin dotarles de los necesarios para que puedan ofrecer una educación de calidad e incluso, con falta de plazas obligando a que las ratio por aula sean muy elevadas, con todo el perjuicio que ello conlleva, el estado y las comunidades subvencional los centros privados en detrimento de los primeros, basándose en unos intereses particulares y partidistas. Por esta razón no es de extrañar comprobar como algún gobernante apuesta descaradamente por ceder terreno y subvencionar la construcción de colegios privados, en la mayoría de las ocasiones a entidades de carácter religioso, mientras que la enseñanza pública en su municipio está por los suelos, por la falta de centros escolares o por las condiciones de los centros existentes.
¿Llevará esta política a la desaparición de la escuela pública? Puede, quien sabe. Lo que sí podemos asegurar es que la educación publica en nuestro país, y en especial en nuestra comunidad, atraviesa por uno de sus peores momentos, por lo que no es de extrañar que el índice educativo de España se encuentre por los suelos. No sé si que el profesor esté “catalogado como “autoridad pública” sea la solución. Lo que sí podemos decir es que si no se asientan otros pilares indispensables para que una educación de calidad esté al alcance de todos. El camino a recorrer no servirá de nada, por muchas autoridades que se nombren.