Mucho hemos hablado en estas páginas sobre los recortes salariales impulsados por el gobierno de la Nación a través del Real Decreto 8/10 y de sus consecuencias en gran parte del colectivo de empleados públicos, dependientes de las diferentes administraciones. La situación salarial del empleado público (no solamente el funcionario), dependiendo que pertenezca a la administración central, regional o local varía considerablemente en las mismas categorías, ya que cada administración tiene capacidad para generar sus propios acuerdos a través de los convenios colectivos. Resulta significativo comprobar la diferencia salarial existente entre unos y otros, siendo los más perjudicados en este sentido, los dependientes de la administración estatal, en algunos de sus ministerios, ya que estos sueldos, en las categorías más altas y con una antigüedad que supera los 30 años oscilan entre los 900 y 1.150 euros. ¿Miliuristas? La mayoría de los casos.

En este mismo organigrama se encuentran los cargos políticos de todas las administraciones, ya que perciben sus emolumentos del mismo cajón que los trabajadores que ocupan sus puestos tras pasar una oposición. Aunque en este caso la percepción salarial se encuentra muy lejos de la realidad de los empleados públicos, ya que los cargos políticos, que acceden a los gobiernos en los ámbitos estatal, regional o local, son ellos mismos los que se marcan sus propios sueldos, sin ningún tipo de negociación colectiva que les marque unos topes. El dinero sale de las arcas públicas y tienen la potestad de destinar para sus salarios lo que consideren oportuno. Hay que recordar que los políticos se presentan voluntariamente sin tener que aprobar ninguna oposición.

En este compendio de auto-sueldos existen casos muy curiosos y significativos. Mientras un empleado público ronda entre los 19.000 y 22.000 euros brutos al año, los sueldos de estos cargos políticos suelen sobrepasar los 60.000 y 100.000 euros, lo que marca una clara diferencia a juzgar el trabajo de cada uno de ellos. La aplicación del Real Decreto para unos y otros incide de muy diferente manera en los sueldos marcados, ya que el 5% aplicado a un sueldo de 20.000 euros no afecta de la misma manera que si se aplica el mismo porcentaje a uno de 100.000 euros.

En nuestro ámbito político tenemos ejemplos muy significativos. Los auto-sueldos de nuestros políticos se disparan en ocasiones más allá de la realidad social que padecemos. Mientras se ven rebajadas la mayoría de nuestras prestaciones sociales, mientras se trata de privatizar, cada vez más, servicios tan necesarios como la sanidad y la educación en la comunidad madrileña, su presidenta se mantiene un sueldo que incluso supera al del propio presidente de la Nación. Mientras el recorte ha afectado negativamente a los trabajadores del ente regional, la presidenta ha decidido subir las tarifas del transporte público, del que dice que aún genera grandes pérdidas, mientras firma un convenio con la iglesia para facilitar transporte y albergue gratuito en el año de la juventud, que contará con la visita del Papa.

Nuevamente chocamos contra los intereses políticos creados. A nivel local, la situación sobre estos recortes también ha sido muy dolorosa. Mientras el alcalde de Colmenar se comprometió a realizar un estudio sobre la posible no aplicación de este Real Decreto, posiblemente más de cara a la galería, el descuento aplicado ha sido el mismo para todas las capas sociales, políticos y trabajadores municipales, cuando en el cómputo general de sus salarios existen diferencias más que desequilibrantes. Pero este desequilibrio incide con mayor fuerza en Tres Cantos, donde el gobierno del PP, no ha tenido el menor remordimiento, no solo en aplicar el Real Decreto, sino en considerar que son los trabajadores públicos los que deben sanear la economía estatal, regional y local, mientras alcalde y concejales se aplican idénticas disminución salarial con grades diferencias en sus percepciones. Por el contrario, Folgado y Avilés, se niegan a realizar recortes en los altos sueldos de los cargos de confianza, personal nombrado a dedo, que en algunos casos disponen de sueldos más altos que los propios concejales y que generan un desembolso de las arcas municipales cercano al millón de euros anuales. En Manzanares el Real la realidad ha sido muy diferente, quizá porque la situación económica así lo requiere, pero sí es cierto que el gobierno de coalición ha sido mucho más valiente, ya que tras recortar el 5% en el sueldo de los empleados públicos, todos los concejales del equipo de gobierno con dedicación exclusiva, a excepción del alcalde, han visto reducido sus emolumentos en un 50%, una decisión valiente y que está más acorde con la realidad social que vive este país.

Al fin y al cabo, son los propios políticos los que se marcan sus propias necesidades y el precios de las mismas, mientras que el empleado público debe estar supeditado a negociaciones, en muchos casos frenadas por la actitud de los propios responsables políticos encargados de negociar. Qué diferente sería todo si los propios cargos políticos tuvieran que negociar sus propios emolumentos con los representantes de los trabajadores. Seguro que otro gallo cantaría y la política ya no sería tan llamativa para la mayor parte de los que “se pegan” por ir en las listas sea como sea o cambian sus actitudes personales para hacer méritos. Menos mal que la “roja” ha hecho olvidar por unos días la grave situación laboral del país.